Prospección sísmica
en el mar uruguayo

CIPU y CAPU solicitan que se suspenda la nueva etapa de prospección sísmica prevista para noviembre hasta que se realice una evaluación científica, técnica y económica independiente de los resultados de la primera temporada.

La suspensión solicitada no es necesariamente definitiva. Se plantea como una medida preventiva hasta disponer de información suficiente sobre lo ocurrido, los posibles efectos y el alcance real de las operaciones que se pretende reanudar.

Las cámaras no plantean una oposición genérica a la investigación ni al desarrollo de nuevas actividades en el mar. Reclaman que cualquier intervención sea compatible con la protección de nuestra biodiversidad, la sustentabilidad del sector pesquero, el empleo, la producción de alimentos y las exportaciones del país.

Porque ya se encuentran disponibles los informes finales de la primera temporada. Esos documentos muestran que la operación tuvo una intensidad muy importante, numerosas interrupciones y un nivel de ejecución sensiblemente inferior al previsto.

Antes de comenzar una nueva etapa corresponde evaluar esos resultados. Durante la primera temporada se realizaron cerca de 160.000 disparos sísmicos, pero solamente se completó el 53,9% del área planificada. Si el trabajo pendiente se incorpora a las próximas operaciones, podrían aumentar sustancialmente su duración, la cantidad de disparos y la exposición acústica acumulada.

Según los informes presentados por Viridien ante el Ministerio de Ambiente:

● Se recorrieron 2.653,520 kilómetros de adquisición sísmica. ● El intervalo informado entre activaciones de las fuentes fue de 16,667 metros. ● La temporada se desarrolló durante 48 días, entre el 7 de marzo y el 23 de abril de 2026. ● Se completó el 53,9% del área principal planificada. ● Solamente cuatro de las cincuenta líneas programadas pudieron completarse de extremo a extremo. ● Fue necesario realizar múltiples reingresos y actividades de relleno.

● Entre las principales causas de interrupción se encontraron la presencia de fauna marina y las condiciones meteorológicas.

Surge de dividir la distancia informada de adquisición sísmica —2.653,520 kilómetros— entre el intervalo reportado entre activaciones de las fuentes —16,667 metros—.

El resultado es una estimación cercana a 159.000 activaciones o puntos de disparo.

Las cámaras solicitan que el Ministerio de Ambiente y la empresa publiquen la cantidad exacta, junto con la ubicación de cada punto, los recorridos realizados, las horas de funcionamiento y el esfuerzo acústico acumulado.

No se utilizan explosivos químicos. La expresión “disparo sísmico” designa cada activación de los conjuntos de fuentes de aire comprimido instalados en el buque.

Esas fuentes liberan pulsos acústicos de alta intensidad que se propagan en el agua y permiten obtener información sobre las estructuras geológicas del subsuelo marino.

Los niveles expresados en decibeles bajo el agua utilizan una referencia diferente de la empleada en el aire, por lo que no pueden compararse directamente.

En el agua de mar, el sonido se propaga a una velocidad cercana a 1.500 metros por segundo, más de cuatro veces superior a la que alcanza en el aire. Las bajas frecuencias predominantes en la prospección sísmica pierden energía de manera relativamente lenta y pueden recorrer muchos kilómetros. Aunque la intensidad recibida disminuye con la distancia y depende de factores como la profundidad, la temperatura, la salinidad y las características del fondo marino, la repetición de los pulsos genera una exposición acústica acumulada sobre áreas extensas.

Debido a la capacidad del sonido de baja frecuencia para propagarse a grandes distancias, la evaluación no debería limitarse al área donde opera la flota de altura como fue planteado en las autorizaciones ambientales previas y en los mecanismos de compensación. También debería determinar, mediante modelación acústica y mediciones independientes, si se produjeron o si es probable que se produzcan en el futuro niveles relevantes de exposición en zonas utilizadas por la pesca costera y artesanal, a mayor distancia de los disparos y con efectos futuros en la fauna, debido a la probable afectación en los ciclos reproductivos y migratorios de las principales especies de nuestras aguas.

Sí, siempre que se aclare que esa frecuencia corresponde a los períodos de adquisición efectiva, no a todas las horas de los 48 días de campaña.

Durante la adquisición, las fuentes se activaron aproximadamente 450 veces por hora, lo que equivale a un disparo cada ocho segundos.

Porque una parte sustancial del trabajo originalmente previsto quedó pendiente. Si esa superficie se incorpora a la nueva temporada, podrían aumentar el tiempo de operación, la cantidad de disparos y la exposición acumulada del ambiente marino y de la actividad pesquera.

Por eso las cámaras solicitan conocer el programa actualizado antes de que se autorice o comience una nueva etapa.

Demuestran que los observadores detectaron fauna y que se aplicaron interrupciones previstas en los protocolos. Eso es positivo y necesario, pero no agota la evaluación.

La cantidad y duración de las interrupciones también muestran que la operación se desarrolló en un ambiente con presencia frecuente de fauna marina. Además, los procedimientos de mitigación durante cada evento no sustituyen una evaluación sobre los efectos acumulados de toda la campaña.

Los resultados demuestran también que la planificación original subestimó la incidencia de la fauna marina sobre el desarrollo de la campaña. Si esa variable fue insuficientemente ponderada al proyectar la operación, corresponde revisar también la evaluación de su impacto global antes de autorizar una nueva etapa.

La información disponible no permite atribuir por sí sola los posibles daños ambientales o la reducción de las capturas a la prospección sísmica. Sin embargo, los resultados mantienen vigentes las preocupaciones planteadas por las cámaras durante las audiencias públicas y refuerzan la necesidad de realizar una evaluación independiente antes de repetir la intervención.

La bibliografía científica internacional ha documentado posibles efectos del ruido sísmico sobre el comportamiento, la distribución o la disponibilidad de distintas especies y sobre

algunos componentes de la cadena alimentaria marina, aunque los resultados no son uniformes en todos los estudios, especies y condiciones.

Esa incertidumbre es precisamente una de las razones para realizar una evaluación independiente y establecer un monitoreo con información comparable antes, durante y después de las operaciones.

Según datos de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, durante marzo y abril de 2026 las capturas uruguayas conjuntas de merluza y calamar fueron aproximadamente un 39% inferiores a las del mismo período de 2025.

La evolución no fue igual para las dos especies:

● La captura de merluza aumentó. ● La captura de calamar disminuyó alrededor de un 85%.

La caída del calamar fue tan pronunciada que, aun con el incremento de la merluza, el volumen conjunto se redujo de manera significativa.

Porque las cámaras consideran que toda la información relevante debe exponerse de manera transparente, incluso aquella que podría ser utilizada para cuestionar su planteo. Pero la transparencia también exige explicar qué muestran esos datos, cuáles son sus límites y qué queda oculto cuando se presentan únicamente cifras agregadas.

Las estadísticas de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo que muestran un aumento en los desembarques de merluza incluyen tanto capturas realizadas dentro de la Zona Común de Pesca como otras obtenidas en aguas internacionales. Ese total no permite distinguir qué ocurrió en cada área ni cuánto esfuerzo pesquero fue necesario para obtener esas capturas. Por lo tanto, no alcanza para transmitir tranquilidad sobre lo ocurrido en las zonas potencialmente afectadas por la prospección.

Las empresas están desagregando y contrastando la información con sus propios registros. Según los datos preliminares que se están procesando, al excluir las capturas realizadas en aguas internacionales, la captura promedio de merluza por buque dentro de la Zona Común de Pesca habría disminuido aproximadamente un 30%. Al profundizar en la información, aparece así una señal de alarma que el aumento total no permite advertir.

Además, ante la escasa disponibilidad de calamar, pudo haberse concentrado un mayor esfuerzo pesquero sobre la merluza. Por eso, la evaluación debe considerar cuántos buques operaron en cada zona, durante cuánto tiempo y cuántas horas de arrastre realizaron, para comparar las capturas por unidad de esfuerzo.

Estos resultados preliminares son alarmantes y requieren una explicación. Aunque todavía no permiten establecer cuánto de lo observado puede atribuirse a la prospección, tampoco resulta razonable utilizar el aumento agregado de la merluza para minimizar la preocupación del sector. La información debe analizarse con el detalle que exige la gravedad de lo que está en juego. Precisamente por eso, las cámaras solicitan una evaluación independiente, científica, técnica y económica antes de avanzar con una nueva etapa.

Se trata de una señal de alerta, no de una demostración causal única o lineal. Precisamente, para responder a esa pregunta es que se solicita la suspensión de la nueva etapa hasta que exista una base sólida de información.

Las capturas pueden verse afectadas por numerosos factores: condiciones oceanográficas, distribución natural de los recursos, variaciones migratorias, disponibilidad de buques, decisiones empresariales, vedas, esfuerzo pesquero, condiciones comerciales y conflictos laborales, entre otros.

La coincidencia temporal y espacial con la prospección, sumada a la magnitud de la caída del calamar, justifica investigar la situación antes de repetir la intervención.

La comparación entre marzo y abril de 2025 y el mismo período de 2026 ofrece una primera referencia inmediata, pero no debería ser la única utilizada en una evaluación definitiva. De todos modos esos meses son comparables ya que el conflicto de 2025 comenzó en el mes de mayo.

Las cámaras proponen trabajar con una línea de base plurianual que incluya años como 2022 y 2023 y que contemple expresamente las distorsiones producidas por los conflictos laborales y la menor actividad registrada durante las zafras de 2024 y 2025.

Porque el calamar es una especie migratoria distribuida en distintas zonas del Atlántico Sur. Durante 2026 se registraron capturas excepcionalmente altas de la flota argentina en latitudes situadas más al sur.

Ese contraste no prueba que la prospección haya desplazado el recurso, pero hace necesario analizar su distribución espacial y preguntarse por qué su disponibilidad fue tan diferente en distintas áreas durante la misma temporada.

Sí. En 2014, DINARA realizó campañas de investigación a bordo del buque Aldebarán y posteriormente publicó el Informe Técnico N.º 52, titulado “Evaluación de la actividad de prospección sísmica en la plataforma continental uruguaya”.

Ese antecedente demuestra que es posible diseñar instancias públicas de evaluación. Las cámaras consideran que la campaña de 2026 requiere un programa actualizado, específico e independiente, con mediciones comparables antes, durante y después de la actividad.

Significa que no debe descansar exclusivamente en informes elaborados por la empresa responsable de la operación o por consultores contratados por ella.

La evaluación debería involucrar a DINARA, el Ministerio de Ambiente, instituciones académicas y científicas con competencia en la materia y representantes del sector pesquero. También debería utilizar una metodología conocida, información pública y resultados sujetos a revisión técnica.

La Ley N.º 19.175 declara de interés general la conservación, la investigación, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas que los contienen.

La ley también reconoce la contribución de la pesca y la acuicultura a la soberanía territorial y alimentaria e incorpora el criterio de precaución en la conservación, ordenación y explotación de los recursos.

Las cámaras entienden que esos principios deben formar parte de cualquier decisión que pueda afectar los recursos pesqueros y los ecosistemas que los sostienen.

Es el criterio según el cual la falta de certeza científica completa no debe utilizarse como motivo para postergar medidas razonables destinadas a prevenir daños graves o de difícil reversión.

En este caso, no significa afirmar que todos los daños ya estén demostrados. Significa que, frente a una intervención de gran intensidad y a información todavía insuficiente sobre sus efectos, corresponde evaluar antes de repetirla o ampliarla.

Uruguay cuenta con organismos públicos, investigadores y antecedentes de evaluación. Sin embargo, necesita fortalecer de manera sostenida sus capacidades de investigación pesquera y oceanográfica.

La Ley N.º 19.175 establece entre los cometidos del Fondo de Desarrollo Pesquero y Acuícola el fomento de la investigación destinada a producir la información científica y tecnológica necesaria para conservar los recursos y promover su utilización sostenible. Las cámaras consideran necesario que el Poder Ejecutivo informe el estado actual de funcionamiento, reglamentación, financiamiento y aplicación de ese Fondo.

Las autorizaciones prevén mecanismos para que las empresas pesqueras presenten reclamos por posibles perjuicios económicos.

Las cámaras han cuestionado que la determinación y negociación de esos daños queden esencialmente planteadas entre empresas privadas. Entienden que el Estado, como autoridad que evalúa y autoriza la nueva actividad, debe asegurar un procedimiento accesible, transparente, técnicamente fundado y capaz de ofrecer respuestas efectivas.

La respuesta a este tipo de reclamos no debería quedar en manos del propio sujeto reclamado sino de un ámbito independiente, capaz de una evaluación completa y sin condicionamientos de ningún tipo.

Antes de reanudar las operaciones deberían conocerse, como mínimo:

● La cantidad exacta de disparos realizados durante la primera temporada. ● Los recorridos y puntos de activación. ● Las horas efectivas de funcionamiento de las fuentes. ● El esfuerzo acústico acumulado. ● La evaluación independiente de los resultados ambientales, pesqueros y económicos. ● El área que se pretende relevar en la próxima etapa. ● La eventual incorporación de la superficie que quedó pendiente. ● La duración estimada de las nuevas operaciones. ● La cantidad adicional de disparos prevista. ● El programa de monitoreo independiente que se aplicará antes, durante y después de la actividad. ● El funcionamiento efectivo del mecanismo de compensación.

El mar no es un espacio vacío. Es un ecosistema y, al mismo tiempo, una fuente de alimentos, trabajo, producción, conocimiento, exportaciones y desarrollo.

Los recursos pesqueros son renovables si se administran responsablemente. Protegerlos requiere información científica, capacidad pública de control, transparencia y decisiones que contemplen los efectos acumulados de todas las actividades que se desarrollan en el mar.